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EDITORIALES

Ministra contratista: Pagando favores

Fecha : 2019-03-20

Por POR DENISE DRESSER


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Andrés Manuel López Obrador dice una y otra vez que jamás traicionará. Jamás romperá su palabra, incumplirá lo ofrecido, tomará una decisión que afecte negativamente a la democracia. Y sin embargo lo hace constantemente, como lo demostró la postulación de Yasmín Esquivel a la Suprema Corte. La Ministra Contratista. La esposa de su asesor favorito. La magistrada conservadora impulsada por un gobierno que se dice progresista. La mujer a la cual se le ha criticado legítimamente por una trayectoria caracterizada por conflictos de interés. Con su designación, AMLO le cumple a Rioboó pero no a quienes votaron por él. Prometió que no seleccionaría a ministros de la Corte como lo había hecho Peña Nieto, pero acabó emulándolo.

Peña Nieto nombró a su cuate Eduardo Medina Mora, y AMLO nombró a su cuata Yasmín Esquivel. Peña Nieto ignoró el principio de que la Suprema Corte no sólo debe ser independiente, sino parecerlo, y el nuevo presidente lo mimetizó. Peña Nieto impulsó a alguien para pagar favores, asegurar votos, influir en el destino de las sentencias, y la 4T no rompió con esa tradición. La politización de la Corte denunciada desde hace años por el movimiento #SinCuotasNiCuates; el pésimo proceso de selección diagnosticado por instancias nacionales e internacionales, como el observatorio “Designaciones públicas”; la propensión a debilitar a las instituciones, colocándolas a la orden de quien gobierna. Eso era lo que la Cuarta Transformación tenía la oportunidad de cambiar, sacudir, reinventar. Y lamentablemente eligió hacer más de lo mismo. Prefirió perpetuar las peores prácticas en vez de modificarlas.

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A la Suprema Corte deberían llegar los más respetables, respetados, respetadas. Todo lo que no eran ni Medina Mora ni es Yasmín Esquivel. El lunes 11 de marzo el portal de Proceso publicó un reportaje de Jorge Carrasco Araizaga sobre cómo la exmagistrada mintió al Senado acerca del conflicto de interés que ensombreció su paso por el Tribunal de Justica Administrativa; la forma en la cual su voto sobre la Supervía favoreció a su esposo; la manera en la cual debió haberse recusado y no lo hizo.

Y el problema con Esquivel no es sólo su cuatitud, sino cuestionamientos sobre su capacidad y su conservadurismo. Su comparecencia lo reveló. Manifestó su respaldo a la prisión preventiva oficiosa, un ejemplo del populismo penal que la 4T ha propulsado y que lastimará al pueblo en cuyo nombre dice actuar. Manifestó su desprecio a la presunción de inocencia, como lo hacen miembros del gobierno que ahora usan la conferencia mañanera para violar ese precepto garantista básico. Expresó su rechazo a la adopción de niños por parejas homoparentales, subrayó que estaba “a favor de la vida”, y argumentó que la Suprema Corte debería ajustarse a las decisiones de legislaturas estatales.


Como expone el texto de Luis Alberto Cifuentes Enríquez y Leonardo Roldán Rodríguez, “La comparecencia de las candidatas a ministra de la Suprema Corte: un desastre total”, publicado en la revista Nexos, la Ministra Contratista no solo es conservadora; tampoco conoce los precedentes asentados por la Suprema Corte en materia de derechos ni el papel que desempeña como tribunal constitucional. Un gobierno de izquierda paradójicamente empoderando a una mujer de derecha. Y lo hizo con la ayuda de una “oposición” que no sabe cómo serlo y por ello quedará condenada a la irrelevancia.

Si el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano hubieran mantenido el frente unido que forjaron en la votación sobre la Guardia Nacional, podrían haber rechazado la terna, en la cual ninguna de las candidatas tenía el perfil idóneo ni podía garantizar independencia de grupos políticos o económicos. Podrían haber obligado a López Obrador a nombrar otra, y si reeditaba a candidatas impresentables, elevar el costo político de hacerlo.

Ya sea por cambalache, trueque, miedo o sumisión, los senadores de oposición no desempeñaron el papel de contrapeso que les corresponde. Cargan con la responsabilidad compartida de colocar en la Corte a alguien que no merecía estar ahí. Cargan con la culpa de disminuir la calidad de la Corte y ayudar a ponerla al servicio del presi­dente. Un presidente que presume la presión que ejerció contra la Corte en el caso de exaccionistas del Grupo Modelo. Un poder Ejecutivo al que le estorba el Poder Judicial y amenaza con exhibir públicamente a jueces que liberen a presuntos delincuentes por violaciones al debido proceso.

La Ministra Contratista estará 15 años en la Suprema Corte. Quince años en los que habrá que vigilar con lupa cada argumento, cada votación, cada posición asumida, para asegurar que su conservadurismo no afecte derechos fundamentales y su cuatitud no proteja jurídicamente al presidente o a su partido. Quince años en los que luchar sin tregua por la independencia judicial y la integridad de la Suprema Corte.

Y a partir de ahora ojalá que la sociedad, consciente de lo que está en juego, exija un proceso de designación distinto y no sólo los mínimos de idoneidad actuales. Debe haber procedimientos más rigurosos, procesos más transparentes, comparecencias que no sean meros trámites. Debe pensarse en otros métodos de designación que no se presten a la simulación. Porque con la Ministra Contratista todos perdieron. Perdió Morena al avalar el conflicto de interés que tanto critica; perdió la Suprema Corte al convertirse en otro sitio al cual es posible enviar a incondicionales o subordinados; perdió la oposición al rechazar un frente unido y no exigir una terna de más altura; perdió el Senado, que podía haber impulsado la paridad de género pero demandando juristas excelentes y no votando por una que tenía el sexo correcto pero no la competencia suficiente; perdió la división de poderes al minarse la percepción de independencia del alto tribunal; perdieron las mujeres, cuyos derechos podrían estar en peligro con el componente conservador de la 4T. Pero más importante aún: perdió México cuando el presidente prefirió pagar favores en vez de asegurar garantías.

Este análisis se publicó el 17 de marzo de 2019 en la edición 2211 de la revista Proceso.
 


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