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EDITORIALES

PENDULO POLITICO

Fecha : 2018-06-11

Por EMILIANO CARRILLO CARARSCO



NECESIDAD DE UN MARCO LEGAL DE CALIDAD

PARA LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL EN MÉXICO



En México, existen casi 2,500 municipios que tienen diferencias en su gestión pública, su organización y operación,20 aunque tengan sustento constitucional similar. Esa diferencia es, justamente, una consecuencia dela heterogeneidad de capacidades institucionales que incluyen reglas formales (como el marco jurídico local de planeación para el desarrollo. Los municipios en México son uno de los elementos que representan más fuertemente al federalismo, ya que son, de acuerdo al ARTICULO 115 dela carta magna, municipios libres para organizarse política y administrativamente.



Asimismo, se deben organizar bajo ciertas bases y tienen la obligación de brindar ciertos servicios y cumplir con determinadas funciones, también establecidas en dicho numeral. Ha orillado a mantenerse como simples gestores de programas públicos de los otros dos órdenes de gobierno la planeación para el desarrollo municipal es quizá uno de los campos precarios en el orden de gobierno municipal, aunque son la mayoría de los municipios del país los que cuentan con un plan municipal de desarrollo, no todos incluyen mecanismos de participación ciudadana en los mismos o elementos de una planificación estratégica que los incite a tener una visión de desarrollo endógeno, a largo plazo y con estrategias que los hagan aprovechar sus fortalezas internas y las oportunidades externas. Probablemente no sea una obligación jurídica el que los gobiernos municipales incluyan la participación ciudadana en el proceso de planificación, o si lo es, no se cumple convenientemente. Lo que entonces se podría corregir mediante el establecimiento de un articulado que contemplara lo más actualizado de la materia de planificación para el desarrollo y de participación ciudadana dentro del proceso de planificación, en el marco normativo aplicable.



EL MARCO JURÍDICO NACIONAL Y LOCAL RELATIVO A LOS PLANES DE DESARROLLO : Para ejercer la rectoría del desarrollo nacional estipulada en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado necesita planear, coordinar y orientar la actividad económica nacional, con regulación y fomento a actividades que demande el interés general dentro de un marco de libertades.En lo que respecta al sistema de planeación democrática, el artículo26 de la Constitución establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Con el objetivo de lograr esta planeación democrática, el Estado se coordina mediante convenios con las entidades federativas y con los municipios.



La Constitución dispone en el artículo 115 lo relativo a los municipios. En su primer párrafo se contempla la forma de gobierno que las entidades federativas deben adoptar. Así mismo, se señala su organización política, administrativa y la base de su división territorial: el municipio libre. En la fracción I se señala lo concerniente al ayuntamiento —de elección popular directa—, como gobierno del municipio. La fracción II establece lo relativo a la personalidad jurídica y al patrimonio del municipio. Por su parte, la fracción III establece las funciones y servicios públicos a cargo del municipio. Y el artículo 26 como el 115 conforma la base constitucional de las planeaciones municipales. La participación en asuntos públicos a nivel local, se identifican diferentes tipos de participación, como la participación social, comunitaria, política y ciudadana.

La participación social se distingue por la asociación de individuos que buscan lograr ciertas metas o luchar por sus intereses particulares. La participación comunitarias e identifica por la realización de actividades más asistenciales quede involucramiento político. La participación ciudadana se define como “la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en busca del bienestar general de la población”, y, finalmente, la participación política se refiere a “ la intervención de los ciudadanos a través de ciertos instrumentos (voto, referendo, plebiscito, consultas, cabildos, revocatoria del mandato, entre otros) para influir en el diseño político, sus reglas de juego, sus funcionarios y sus metas”.



Se considera a la participación ciudadana como el tipo de participación y concepto indicado para ser el elemento transversal en los procesos de planificación, que debe establecerse en un marco legal bien identificado. Lo anterior, a pesar de que la participación política y la participación social también son útiles dentro un proceso de planificación para el desarrollo, por cuestiones de consulta a la ciudadanía en determinados temas y por las capacidades de relación social que se suscitan entre los ciudadanos.



La participación ciudadana en los asuntos públicos, existe un amplio debate entre los pros y contras de la misma. Por un lado, las desventajas se relacionan con una deficiente representatividad de intereses de diferentes grupos de la sociedad o de individuos, así como con la dispersión de demandas gubernamentales. A pesar de las consecuencias negativas que se puedan generar, es necesaria la existencia de marcos jurídicos claros y adecuados para que la participación ciudadana genere consecuencias positivas, en este caso en la planificación para el desarrollo. Entre los aspectos positivos que pueden generarse con la participación ciudadana en asuntos públicos, como en los planes municipales de desarrollo, se encuentra la facilidad de obtener la información sobre el contexto social en el que se aplicarán ejecutarán las actividades de desarrollo, ya que es más fácil detectar las preferencias de ciudadanos, lo que fortalece a la efectividad de las políticas públicas” LA GOBERNANZA “.La participación ciudadana fortalece a las instituciones locales, lo que brinda sostenibilidad a la democracia. Además, se genera formación de capital social, aumento de respeto por las autoridades y ayuda a participantes a entender la complejidad de la vida colectiva, lo que puede contribuir a la educación en valores y práctica de democracia, y al fortalecimiento de la competitividad de la región y de la identidad.
 


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